El Congreso de Nuevo León recibió el quinto informe de gobierno de Samuel García el jueves 15 de octubre, un día después de la sesión solemne convocada para ese propósito. La entrega estuvo a cargo de Miguel Ángel Flores, secretario general de Gobierno, quien acudió en representación del gobernador, de acuerdo con reportes publicados ese día por Quadratín Nuevo León y POSTA.

La diferencia entre ambas fechas quedó en el centro de la discusión política. El Congreso había programado la sesión solemne para el miércoles 14 de octubre a las 11:00 horas. Su orden del día incluía la presentación del informe por el titular del Ejecutivo y la respuesta de la presidencia del Poder Legislativo. El gobernador no acudió. Durante la sesión, la presidenta del Congreso, Perla Villarreal, señaló que tampoco se había recibido todavía el documento formal.

El Gobierno estatal había defendido el día anterior que la entrega aún estaba dentro del plazo. En un comunicado del 14 de octubre, la administración informó que Flores acudió al Congreso y sostuvo que Samuel García tenía hasta el día 15 para presentar el informe, personalmente o por medio de un representante. La entrega documentada por la prensa local se realizó finalmente el jueves.

Desde el 8 de octubre, el Gobierno estatal había anunciado un micrositio con información del quinto año de gestión y datos por ejes como seguridad, movilidad, agua y economía. Ese material permite consultar la versión institucional de las acciones reportadas. La entrega al Congreso, en cambio, habilita la revisión formal del Poder Legislativo.

El artículo 79 de la Constitución de Nuevo León establece que el Congreso debe convocar durante la primera quincena de octubre a una sesión solemne a la que asistirá el Ejecutivo. En esa sesión, el gobernador rinde por escrito un informe y expone sus aspectos relevantes. El calendario aprobado por el Congreso fijó el acto para el 14 de octubre; el Gobierno, por su parte, defendió que el plazo para entregar el documento vencía el 15.

La recepción del escrito y la ausencia del gobernador son hechos distintos. La primera quedó reportada el día 15; la segunda ocurrió durante la sesión del día 14. Las fuentes consultadas no permiten concluir por sí solas si la entrega posterior satisface todos los alcances de la obligación constitucional. Esa valoración corresponde a las autoridades competentes y sigue siendo materia de debate entre los poderes del estado.

El contraste entre ambos actos importa para ese proceso de rendición de cuentas.

El documento presentado abre ahora la etapa de revisión legislativa. El Congreso puede analizar el contenido del informe y solicitar información adicional al Ejecutivo. Para la ciudadanía, el siguiente punto verificable será conocer el texto recibido y el calendario de comparecencias o respuestas que acuerde el Poder Legislativo.